Por Lessther Hamilton
Miembro fundador del Movimiento Autónomo 18 de Abril y analista político
El reciente anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua ha generado una ola de preocupación entre la comunidad nicaragüense radicada en EE. UU. Aunque previsible —el TPS es, por definición, una medida temporal—, esta decisión nos obliga a replantear las vías legales y políticas que garanticen protección para miles de compatriotas que no pueden regresar al país.
El TPS para Nicaragua fue otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch, un desastre natural que dejó secuelas devastadoras. El Departamento de Estado argumenta que las condiciones específicas que motivaron esa designación —es decir, los estragos del huracán— ya no están presentes. De ahí que hayan decidido no renovar el estatus bajo esa misma categoría.
Sin embargo, reducir la situación de Nicaragua a la ausencia de desastres naturales es ignorar la gravedad del conflicto actual. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 300.000 nicaragüenses han huido del país en los últimos años, víctimas de una represión sistemática, persecución política, violencia estatal y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Por tanto, la eliminación del TPS basado en desastres naturales no debe ser vista como un cierre, sino como una oportunidad política y jurídica: urge solicitar un nuevo TPS para Nicaragua, esta vez basado en la figura legal de conflicto armado interno y violaciones graves de derechos humanos.
Este nuevo enfoque debe tener como eje el reconocimiento del carácter dictatorial y terrorista del régimen Ortega-Murillo. No se trata simplemente de una «crisis política», sino de un Estado fallido donde se reprime, encarcela, desnacionaliza y obliga al exilio a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, campesinos y estudiantes.
La comunidad nicaragüense en EE. UU. debe actuar con unidad y estrategia. Es fundamental coordinar esfuerzos, generar presión pública y sostener una agenda clara ante el Congreso y el Ejecutivo estadounidense. El precedente existe: otros países como Venezuela o Haití han logrado nuevas designaciones de TPS al demostrar condiciones extremas que impiden el retorno seguro de sus ciudadanos.
El TPS se termina, pero la lucha continúa. No podemos permitir que se ignore el sufrimiento del pueblo nicaragüense ni que se desproteja a quienes han encontrado refugio en Estados Unidos huyendo de una dictadura. La comunidad nicaragüense tiene hoy la responsabilidad histórica de alzar la voz con firmeza y dignidad.
La libertad, los derechos humanos y la justicia nos convocan a no rendirnos.
