Condenamos la salida del régimen de Ortega-Murillo de ACNUR: un ataque directo a los derechos de las personas desplazadas

Desde el Movimiento Autónomo 18 de Abril, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión autoritaria del régimen Ortega-Murillo de retirar a Nicaragua de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), una medida anunciada el 13 de junio de 2025, que deja aún más desprotegida a la población desplazada por la represión estatal.

1. El régimen cierra otra puerta a la protección internacional

Esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de rupturas sistemáticas con organismos multilaterales —UNESCO, OIM, OEA, OIT, entre otros— como estrategia para operar sin transparencia ni rendición de cuentas. La salida de ACNUR es un intento de evadir los informes que documentan la represión, el exilio forzado y la persecución política que sufren miles de nicaragüenses.

2. Represalia contra el acompañamiento humanitario

ACNUR había elevado un llamado urgente a la comunidad internacional por la crítica falta de fondos para atender a más de 194,000 personas nicaragüenses solicitantes de asilo, principalmente en Costa Rica. El régimen respondió retirándose de la agencia, castigando a quienes han huido de la violencia estatal.

3. La emergencia humanitaria se agrava

Esta medida agrava la situación de vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional. Las restricciones presupuestarias ya habían reducido la asistencia humanitaria. El retiro oficial de Nicaragua de ACNUR ataca directamente el acceso a refugio, alimentación, salud y seguridad de quienes han sido forzados al exilio.

4. El régimen insiste en la impunidad

Desde 2018, el régimen ha cometido graves violaciones de derechos humanos: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, persecución religiosa, despojo de nacionalidades, censura y cierre de más de 5,600 ONG y medios de comunicación. Estas acciones han sido documentadas por organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, quienes afirman que hay indicios razonables de crímenes de lesa humanidad.

5. La denuncia no anula las obligaciones internacionales

Aunque el régimen pretenda retirarse de ACNUR, Nicaragua sigue sujeta al derecho internacional y a tratados como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. La protección de los derechos fundamentales no se suspende con decisiones unilaterales.

EXHORTAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A:

🔹 Aumentar el apoyo a ACNUR y sus socios en países de acogida, como Costa Rica, para proteger a la población nicaragüense en movilidad forzada.
🔹 Fortalecer el escrutinio internacional, respaldando los informes del GHREN y denunciando la represión sistemática del régimen.
🔹 Aplicar sanciones selectivas contra quienes violan los derechos humanos, incluyendo operadores judiciales, fuerzas represivas y financiadores del régimen.
🔹 Apoyar acciones legales en tribunales internacionales y procesos de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad.
🔹 Exigir garantías y derechos: liberación de personas presas políticas, restitución de nacionalidades y reapertura del espacio cívico.